22 de Julio del 2026 Desalojan a 1300 habitantes de Navarro en Cali
En un operativo conjunto entre la Policía Nacional, diversas dependencias de la Alcaldía de Santiago de Cali y garantes de derechos humanos, las autoridades locales iniciaron la restitución de un terreno privado en el sector de Navarro. La intervención, efectuada en cumplimiento de una orden judicial, afecta a la comunidad conocida como Brisas de las Torres, un asentamiento informal donde cerca de 1.300 personas habitaban en unas 390 construcciones erigidas bajo el riesgo inminente de redes de alta tensión.
La diligencia responde a la obligación legal de despejar la servidumbre de energía y salvaguardar la vida de las familias ocupantes. Como resultado del trabajo desarrollado por la Alcaldía de Cali con la comunidad desde 2024, más de 100 hogares ya accedieron al subsidio distrital de arrendamiento temporal y varias familias han comenzado a dejar voluntariamente sus viviendas informales para iniciar una nueva etapa en condiciones más seguras que salvaguarde su vida.
Al respecto, la asesora del despacho del Alcalde de Cali, Ana María Sanclemente manifestó que la instrucción del burgomaestre Alejandro Eder fue adelantar la diligencia de manera pacífica y respetando los derechos humanos. "Hemos logrado una concertación importante. La diligencia se adelanta de forma pacífica y tranquila. Ya hoy 25 familias cuentan con un subsidio adjudicado por la secretaría de vivienda, muchos han decidido abandonar el predio por voluntad propia y se seguirá presentando la oferta institucional de la alcaldía en materia de vivienda de interés prioritario", puntualizó la funcionaria.
Sobre el tema, el Personero Distrital de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, enfatizó que aunque las decisiones judiciales y administrativas son de obligatorio acatamiento, la problemática desborda el ámbito puramente local. De acuerdo con el funcionario, la ciudad continúa soportando las consecuencias estructurales del desplazamiento forzado, la pobreza y la violencia que golpean a la región, empujando a comunidades vulnerables a asentarse en zonas de alto peligro.
"No es suficiente actuar cuando la problemática ha alcanzado niveles críticos", manifestó Mendoza Castrillón, instando a consolidar una política pública articulada entre la Nación, la Gobernación del Valle y el Distrito. Para el Personero, la ejecución de estos procedimientos debe ir acompañada de medidas concretas de prevención, alternativas eficaces de reasentamiento digno y garantías para el retorno seguro a los territorios de origen.
"El caso de Brisas de las Torres deja al descubierto la urgencia de anticiparse a los fenómenos de ocupación informal. Mientras no se resuelvan las causas de fondo del conflicto territorial, las acciones administrativas seguirán siendo intervenciones reactivas ante un problema social latente", puntualizó el Personero Mendoza.
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